El Parlament llama a Qatar Airways para que dé explicaciones de Spanair
La comisión de investigación conforma una lista de 70 políticos y empresarios. Ferran Soriano, Joan Gaspart y José Manuel Vargas son algunos de los nombres destacado
El Parlament ha definido la lista de testigos y expertos que deben dar respuesta a los interrogantes que aún quedan sobre la quiebra de Spanair, la mayor bancarrota de una aerolínea en España. La comisión de investigación ha convocado a decenas de empresarios y políticos. Pero, por encima de todos, resalta el nombre de Akbar Al Baker, el presidente de Qatar Airways, la compañía que estuvo a un paso de impedir el desastre.
El directivo qatarí no está obligado a comparecer. No obstante, su presencia se antoja indispensable para obtener los detalles del bloqueo al acuerdo que podría haber salvado a la aerolínea por parte de la Comisión Europea. Baker fue el primero en tirar de la manta y explicar que Bruselas exigía a Qatar Airways devolver las subvenciones públicas que había recibido Spanair si finalmente compraban la mitad de la compañía.
La comisión también convoca a la otra cara de la moneda. Cita a Joaquín Almunia, ex comisario europeo de Competencia.
En la lista también constan los nombres de todo el antiguo consejo de administración de la aerolínea: Ferran Soriano y Joan Gaspart, entre otros. También se pide la presencia de los políticos catalanes que dieron alas al proyecto. En este capítulo se encuentran los nombres de consejeros del actual Gobierno de Artur Mas como el de Economia, Andreu Mas-Colell y el de Territori, Santi Vila. También, sus antecesores en el cargo: Antoni Castells, Lluís Recoder y Joaquim Nadal.
Otros convocados de renombre son los ex ministros de Fomento Magdalena Álvarez y José Blanco. También se pide la comparecencia de responsables de Aena como José Manuel Vargas y Fernando Echegaray.
La comparecencia arrancará tres años después del abrupto cierre de la aerolínea. Llega tras conocerse el fallo de un juez mercantil de Barcelona que considera que el ex consejo de administración retrasó la declaración del concurso de acreedores, lo que agravó el descalabro de la compañía. La sentencia condenaba a dos años de inhabilitación a los directivos, además del pago de una multa de 10,8 millones de euros. Las defensas han recurrido.
