Sobrecostes del AVE saudí: mucho ruido y pocas nueces

La propuesta del gobierno saudí de pagar los sobrecostes de los trabajos del AVE entre Medina y La Meca es una noticia positiva para los círculos financieros, aunque puntualizan que el impacto para las empresas participantes en la obra es muy limitado.

Según fuentes de la Dirección de Análisis del Banc Sabadell, el peso de este proyecto ferroviario en la cartera de las compañías afectadas es relativo. Por ejemplo, para OHL representa menos de un 5% de su cartera de Construcción, que equivale al 11% de su EV (valor de la empresa).

Menos impacto tiene todavía en ACS, que para los analistas del Sabadell el alcance es “menor al 1% de su cartera de Servicios Industriales”, sector que representa el 21% del EV.

La empresa que sí apuesta a todo o nada en este proyecto es Talgo, ya que el peso de este proyecto representa al 75% de su cartera de Fabricación y al 40% de la total de la empresa. Sin embargo, los trabajos de construcción que son el centro de la polémica no afectan directamente a Talgo, que se dedica a la fabricación de ferrocarriles.

Talgo se ha comprometido a entregar 35 trenes, por un valor de 1.600 millones de euros, y espera que el gobierno saudí de luz verde a la compra de otras 23 unidades, que podría llevar la operación hasta los 2.400 millones.

Desacuerdo sobre los sobrecostes

Las empresas constructoras no se ponen de acuerdo de cuánto deben reclamar al ente Saudi Railways Organization (SRO): mientras que Renfe quiere reclamar 200 millones, otros cálculos llevan los sobrecostes a los 1.800 millones. El ministerio de Transportes saudí ofreció 100 millones, que fue descartado por el consorcio liderado por Álvaro Senador, aunque están abiertos a seguir negociando.

El presupuesto inicial del ferrocarril de alta velocidad es de 6.700 millones de euros, y el proyecto incluye el diseño y la construcción de la vía y sistemas, el suministro de 35 trenes y la operación y mantenimiento durante 12 años.

La intención del gobierno saudí es evitar ir a un arbitraje para solucionar las diferencias. Como muestra de buenas intenciones, aceptó que los trabajos tengan un retraso de 14 meses, y han pagado cerca de 300 millones de euros por los certificados de obras realizadas.

La idea de un arbitraje también fue descartada por la ministra de Fomento Ana Pastor, aunque puntualizó que las empresas españolas, que son mayoría en el consorcio del corredor ferroviario, “tienen unos derechos” para reclamar.