Fiscalía rebaja la petición de pena para el consejo de Spanair

Fiscalía rebaja la petición de pena para el consejo de Spanair

El Ministerio Público reduce las exigencias económicas de 72 a 47 millones

Gabriel Trindade

Barcelona

10/07/2014 - 13:59h

Ferran Soriano, a la derecha, en el juicio
La Fiscalía ha rebajado su petición de pena al antiguo consejo de administración de Spanair pese a que considera que su gestión fue negligente. El Ministerio Público ha pasado de exigir 72 millones de euros por alargar indebidamente la declaración de concurso de acreedores a 47 millones.
 
 
Las defensas han recordado que Spanair cumplió con el pago a proveedores durante 2011
 
En su escrito final, ha considerado que la última inyección de capital de Avançsa, vehículo de inversión de la Generalitat, fue como socio y por tanto no puede tenerse en cuenta como un préstamo. La entidad pública, al igual que Fira de Barcelona, es coadministradora y afectada por la calificación. Por otro lado, la administración concursal también ha corregido su acusación y ha asegurado que no se opondrá si se retira la petición de dos años de inhabilitación para no dañar a terceros.

El juicio por la quiebra de Spanair, cuya última sesión se ha celebrado este jueves en los juzgados de Barcelona, debía dirimir si el consejo de administración retrasó indebidamente el concurso de acreedores de la compañía. La Fiscalía considera que el presidente de la firma, Ferran Soriano, debería haber presentado la declaración de quiebra el 30 de junio de 2011. No obstante, el ex presidente de la aerolínea no lo hizo hasta el 30 de enero de 2012.

La acusación del Ministerio Público se basa en actas de una reunión del consejo donde se abordó esa posibilidad. No obstante, Avançsa inyectó 56 millones con un crédito participativo que dio alas a la compañía unos meses más mientras intentaba lograr un acuerdo de integración con un socio industrial, la aerolínea Qatar Airways o el grupo chino HNA. Posteriormente, es cuando se produce la segunda inyección de Avançsa, ya como socio de Spanair.

No obstante, las circunstancias de esos meses obligaron al vehículo de inversión público a inyectar 25 millones de euros. Uno de los elementos clave en el error de cálculo de las necesidades financieras de la aerolínea fue el precio del carburante, que se elevó por encima de lo esperado.

Las defensas han rebatido con fuerza la acusación. Los letrados han asegurado que la Fiscalía y la Administración Concursal se han dedicado a lanzar acusaciones sin fundamentarlas. En sus escritos, muy similares entre ellos, señalan que Spanair cumplió con la mayoría de los pagos en 2011 y que sólo aplazó una cifra inferior al 10%, porcentaje presentado por la administración concursal como un indicio de insolvencia.

También han asegurado que los 45 millones de deuda con Aena en concepto de tasas a fecha de 30 de junio fueron aplazados porque el gestor aeroportuario consideró que el crédito de Avançsa era garantía suficiente para obrar el aplazamiento. El letrado de Garrigues, Enrique Grande, ha ido un paso más allá: "Incluso si hubiesen reclamado tal cantidad, la compañía tenia 18 millones con los que pagar. Por lo que la deuda sería inferior a los 50 millones que la administración concursal considera como otro indicio de quiebra".