Francia busca a los culpables del escándalo ferroviario

Francia ha invertido casi 15.000 millones de euros en renovar unos trenes que no pueden entrar en la mayoría de estaciones del país porque les sobran 20 centímentros. El fallo ha sido descubierto y la búsqueda de los responsables ha empezado. El secretario de Estado de Transportes, Frédéric Cuvillier, ha anunciado el inicio de una investigación interna que debe concluir el lunes. Su objetivo es identificar quienes tomaron decisiones erróneas a lo largo de los cinco años que ha tardado a salir a la luz el escándalo.  

“Nos hemos convertido en el hazmerreír de la prensa internacional”, lamentaba este miércoles la parlamentaria socialistas Valérie Rabault. La chapuza ha significado un balazo al orgullo nacional, además de provocar un descosido de 140 millones de euros en los Presupuestos Nacionales. En año de ajustarse el cinturón, la administración liderada por Manuel Valls (PSF) ya ha empezado a ampliar el espacio de unas 300 plataformas para adaptarlas a los nuevos y modernos trenes.

Los dos grupos encargados del proyecto, Alstom y Bombardier, han asegurado que siguieron a pies juntillas las órdenes de las dos empresas públicas que se encargan de los servicios ferroviarios en Francia: SNCF, un ente parecido a Renfe, y RFF, el gestor de la red, como Adif en España. Según las primeras informaciones publicadas en la prensa del país, RFF sólo facilitó a SNCF la información técnica de las estaciones con menos de 30 años. Precisamente, las menos frecuentes y las más espaciosas.

El Sindicato de Transportes de Ile-de-France (STIF), que rige el transporte en la región de París, ha informado este miércoles que era SNCF la responsable de asegurarse que la infraestructura de la red ferroviaria del país y el hardware que usan era compatible con el proyecto de Alstom y Bombardier. Algunos diputados socialistas, como Rabault (quien declinó formar parte del Ejecutivo de Valls), han reclamado la cabeza del presidente de la empresa pública, Guillaume Pepy. Oficialmente, el Gobierno esperará a tener en su mano las conclusiones de la investigación para empezar a pedir responsabilidades.  

Pero que las pedirá, no hay duda. Fue lo primero que aclaró la actual titular de la cartera de Transportes, Ségolène Royal, al conocer el alcance del escándalo. La ministra tildó de “decisión estúpida” la modernización de los convois sin tener en cuenta la medida de las estaciones. Cabe tener en cuenta que el proyecto se remonta a 2009, cuando los consejos regionales lanzaron junto a SNCF un plan de renovación de la flota de trenes. En ese momento, el Presidente de la República era Nicolas Sarkozy, de la UMP. Los implicados en el escándalo descubrieron en 2012 que los prototipos que se testaban no entraban en todas las estaciones. Han necesitado dos años más para que esta problemática se convierta en un problema de carácter nacional.

La guinda del pastel la han puesto los sindicatos ferroviarios. Tres organizaciones (CGT, Unsa y Sud Rail, que representan el 75% de los asalariados) han convocado una huelga de miércoles al viernes de las 19 horas a las ocho de la mañana para rechazar de frente la reforma del sector que el gobierno de Valls empezará a negociar el próximo 16 de junio. Se esperan disturbios en todo el país.

Los sindicatos han usado el escándalo de los convois como un argumento más a favor de sus pretensiones. “Es el resultado de la separación entre SCF y FF en 1997”, ha manifestado CGT en un comunicado. Reclaman unificar el sistema ferroviario francés, algo que no está en los planes de Valls.