Globalia supervisará los nuevos contratos de autobuses de Fomento

La batalla por la licitación de los autobuses públicos está lejos de acabar. Pese a las críticas que la Comisión Europea ha vertido sobre la normativa española por falta de competitividad, el grupo Globalia, uno de los más beligerantes en este aspecto, no se fía.

La compañía presidida por Juan José Hidalgo está a la expectativa de la reacción del Ministerio de Fomento. Hasta que no vea los nuevos pliegos, no se lo creerá.

Derecho de preferencia

Fuentes del grupo turístico apuntan que, en cuanto a administración central, el requerimiento europeo tiene poca importancia más allá de reforzar lo que la justicia española ya ha manifestado. Bruselas pide a España que acabe con la normativa nacional que da derecho de preferencia a los concesionarios salientes en los procesos de adjudicación de nueva concesión.

La ministra Ana Pastor no tuvo que esperar a la resolución europea. Ya había adaptado la normativa española a los requerimientos de los 28. Sobre todo, gracias la batalla legal de Hidalgo que ha obligado a suspender varios concursos. No obstante, la ley no es de carácter retroactivo y sólo se podrán apreciar los cambios en los nuevos contratos que Fomento licite.

Autonomías

Lo que sí supone un refuerzo para los intereses de Globalia es el golpe que el requerimiento asesta en materia de prorrogas. El texto europeo señala que una moratoria de contrato no puede superar los 10 años. El panorama que plantea la Comisión Europea choca frontalmente con la situación que se vive en algunas comunidades autónomas.

Cataluña tiene actualmente vigente una prórroga de 25 años hasta 2028. La Rioja, de otros tantos, hasta 2034. Galicia, lo mismo hasta 2027.

Indemnizaciones

Fuentes del sector comentan que se abre una situación muy peligrosa para las comunidades autónomas. Si el proceso avanza y finalmente hay un veredicto en el Tribunal de Justicia Europeo contra los intereses de estas administraciones, se pueden ver obligadas a romper los contratos con las actuales concesionarias. Y eso significa indemnizaciones.

“Las administraciones han otorgado unos derechos de explotación y de repente los retiran. Eso supone un perjuicio para esas compañías y por tanto deberían indemnizar en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración”, sentencian los mismos interlocutores.