Los abogados reclaman que se pueda castigar a los administradores de Spanair

Los abogados reclaman que se pueda castigar a los administradores de Spanair

Representantes de 3.000 afectados por la quiebra de la aerolínea solicitarán al Gobierno un reforma de los procesos de demandas colectivas

Joan Oliva

09/02/2012 - 20:18h

Un grupo de bufetes de abogados que representa a unos 3.000 consumidores, trabajadores y acreedores de la quebrada Spanair pedirá al Ministerio de Justicia la reforma del proceso que permita a los jueces imponer penas económicas a los administradores para casos como éste o similares donde hay daños colectivos evidentes.

Estos despachos jurídicos solicitarán una reunión con el ministro de Justicia, y con el presidente de la comisión de Justicia del Parlamento para abordar una reforma de la legislación “tanto procesal como mercantil” en el ordenamiento español que regula las demandas colectivas.

Equiparación consumidores y trabajadores

Pero la petición de 'penalties' o castigo no es la única. Los abogados buscan que los consumidores tengan un tratamiento similar al que reciben los trabajadores ante situaciones de insolvencia del prestador del servicio. “Lo que se busca con esta equiparación es que los viajeros tengan un cierto amparo” que el colectivo laboral sí dispone en el ordenamiento español, han explicado a 02B portavoces del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

Este despacho, más LC Advocats, Álvarez-Ossorio y Castro, Conde-Pumpido & de Porres y Zaballos Abogados, y otros que puedan unírseles con posterioridad, encabezan esta iniciativa que persigue proteger a sus clientes en un contexto donde los mecanismos de responsabilidad contractual entre empresa y consumidorse se han mostrado ineficaces. “Están abundando los casos parecidos de operadores comerciales que dañan a sus clientes y donde no se está devolviendo el dinero”.

Sin eludir la indemnización

Para los abogados, las empresas solo se “disciplinarán” en cuanto no puedan eludir la indemnización y, por consiguiente, no les salga a cuenta como ahora incumplir el contrato. Desde el punto de vista de sus defendidos, “solo si la expectativa de ingresos es muy superior al coste del litigio, los consumidores pleitearán”, lo que redundaría a favor de un cumplimiento claro del contrato por parte de los operadores.

El código de consumo obliga, en teoría, a las aerolineas a tener un seguro para resolver estas incidencias, pero su cumplimiento dista mucho de la realidad. Además de los perjuicios económicos, se entiende que hay un daño moral, como ha sucedido en el caso del Costa Concordia, y que tampoco se está resolviendo adecuadamente en la legislación española.

La alianza de despachos de abogados no es casual. “Estos despachos se han unido a nosotros (Cremades & Calvo Sotelo) porque también llevaban el caso Spanair, nos decían que estaban desbordados, y además conocían que nosotros llevamos la defensa de 11.000 perjudicados por la huelga de los controladores”.