Seguiremos volando, pero cada vez más fichados

El Parlamento Europeo acaba de aprobar una polémica norma que obliga a las aerolíneas a proporcionar datos de los pasajeros a los Gobiernos. Esta información se conservará nominativamente durante seis meses; y por cinco años sin mencionar el nombre del viajero

La Comisión de las Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de diciembre el controvertido proyecto del fichero europeo de datos de pasajeros aéreos (Passenger Name Record, o PNR). Debatido desde hace siete años, todavía debe ser aprobado en sesión pública, posiblemente el próximo enero.

Inspirado en el creado en Estados Unido tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, hasta ahora este proyecto había sido bloqueado por algunos diputados europeos reacios a restringir las libertades públicas.

Sin embargo, tras los recientes atentados de París, Francia exhortó al Parlamento Europeo a olvidar sus reticencias para luchar más intensamente contra el terrorismo, teniendo en cuenta que al menos dos de los yihadistas implicados pasaron por Siria a través de vuelos europeos. Para el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, este acuerdo «es un avance absolutamente decisivo».

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¿Qué información buscan?

Según la directiva, las compañías aéreas deberán proporcionar a las autoridades de los estados miembros hasta veinte datos sobre el pasajero: su nombre, sus datos del viaje, su itinerario, su número de asiento, sus coordenadas personales, y los detalles sobre el billete de avión (la agencia que lo ha emitido, el medio de pago, el equipaje), entre otros datos.

El texto, eso sí, afirma que será evitada cualquier discriminación basada en el origen étnico o social, la religión, la lengua o la nacionalidad del pasajero. Y añade que los datos deben afectar obligatoriamente a todos los vuelos que entren y salgan de la Unión Europea y, voluntariamente, a los vuelos intra europeos.

Conservación de los datos

Estos datos serán conservados nominativamente durante seis meses (el texto inicial de la Comisión proponía treinta días) y luego durante cinco años sin mención del nombre del pasajero. En ese espacio de tiempo serán accesibles bajo el control de una autoridad judicial nacional en condiciones muy estrictas y limitadas.

Asimismo, el acuerdo prevé el nombramiento de un responsable encargado de asegurar que se respeten las reglas fijadas, y la garantía de poder revisar el proyecto dos años después de su puesta en marcha para evitar eventuales abusos.

Los que piensan que el PNR puede ser una herramienta eficaz, especialmente en la lucha contra el terrorismo, están por tanto ganando la batalla, aunque se esperan eventuales recursos ante la Corte de Justicia de Luxemburgo. La extensión del fichero a personas no sospechosas plantea problemas a los jueces europeos, que ya han manifestado en varias ocasiones sus reticencias.

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