Un opaco testaferro se instala en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real

Un opaco testaferro se instala en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real

El empresario local José Lara Ruiz, cuya oferta para comprar el aeródromo no fue admitida por dudas sobre el aval de una empresa italiana, monta una sociedad para llevar a cabo actividades complementarias al transporte aéreo

Juan Carlos Martínez

Madrid

05/06/2016 - 20:57h

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La venta provisional del aeropuerto de Ciudad Real a la sociedad CR International Airport sigue generando dudas acerca de quiénes están realmente detrás de la operación. Y no parece que vayan a resolverse hasta el próximo mes de agosto, cuando la empresa ganadora de la subasta tenga que aportar los 937.000 euros restantes del aval comprometido.

Hasta entonces, todo siguen siendo especulaciones y la aparición, de una manera u otra, de los mismos empresarios locales que llevan pululando desde hace casi dos años en el proceso de venta del aeródromo manchego. Meros intermediarios sin capacidad financiera conocida, que son los que están dando la cara por los inversores supuestamente interesados.

Mientras llega el 15 de agosto y se comprueba si la empresa adjudicataria desembolsa el casi millón de euros a que está obligada, CR International tiene que abonar cada mes los 83.000 euros de costes fijados por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez. El pasado 31 de mayo vencía el plazo dado para hacer efectivo el pago del primer mes.

14.000 euros mensuales para los dos empleados del aeropuerto

Más de 65.000 euros de gastos de seguridad y limpieza, casi 700 de teléfono, algo más de 14.000 euros para los dos empleados del aeropuerto –el director y su secretaria–, y hasta un máximo de 3.000 euros de suministro eléctrico. En el caso de los sueldos de los empleados, el juez estima que podrían rebajarse notablemente si ambos ejercieran su tarea a tiempo parcial.

Entre los personajes vinculados a la compra del aeropuerto que se han dejado ver tras la adjudicación provisional a CR International Airport se encuentran Rafael Gómez Arribas, como apoderado en la consultora que ha firmado el aval incompleto con el que se ha adjudicado el aeródromo, y también José Lara Ruiz de la Hermosa, quien acaba de constituir la sociedad Grupo Orden CR 16, con la sede situada en el mismísimo aeropuerto.

Las empresas sin actividad de José Lara Ruiz

Otra de las empresas administrada por el empresario local Lara Ruiz, Grupo Orden 12, había contado con todos los predicamentos –incluidos los del propio juez– para resultar adjudicatario del aeropuerto, pero al final el magistrado vio indicios de estafa en el aval presentado, tanto por parte de Interconfindi Europa –la empresa italiana que lo emitió– como de Miguel Ángel Gnecco, su representante.

Ahora, Lara Ruiz vuelve a la carga con Grupo Orden CR 16 para, según consta en el Registro Mercantil, llevar a cabo actividades anexas al transporte aéreo como actividad principal, así como otras alternativas de asesoría fiscal, seguridad privada o negocios hospitalarios. Y deja claro que lo hará "como mera sociedad intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor". 

Antiguo apoderado con antecedentes penales

La oferta de Grupo Orden 12, por 55 millones de euros, realizada en marzo, no había sido la última para hacerse con el aeropuerto. En mayo de 2014 lo intentó por primera vez, cuando, a través de su apoderado Asensio Madrid Muñoz, puso los 100.000 euros que el juez había fijado para entrar en el proceso de venta.

Y acto seguido anunciaba que estaría en condiciones de ofrecer 60 millones de euros como testaferro de supuestos inversores británicos y del Principado de Liechtenstein.

Todo se le vino abajo a José Lara cuando saltaron a la luz los antecedentes penales de su apoderado, doblemente condenado por tráfico de drogas, en 2010, y por sobornos, desde la propia cárcel, a un sargento de la Guardia Civil.

No obstante, ya con Madrid Muñoz fuera de Grupo Orden 12, Lara Ruiz volvió a la carga y, en el verano de 2015, realizó una oferta de 38 millones de euros que fue aceptada por el juez. "La más óptima, completa y que preserva y garantiza el destino de la unidad productiva", llegó a señalar el magistrado, aunque tampoco llegó a cuajar tras anular el juez la subasta el pasado 27 de enero por la existencia de irregularidades.