Las VTC se preparan para llevar a los juzgados el decreto anti-Uber

El conflicto del taxi parece no llegar nunca a su fin. Este jueves se vota en el Congreso si se convalida o deroga el real decreto ley aprobado el pasado 28 de septiembre por el Gobierno. Este traspasa las competencias para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) -como Uber y Cabify- a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las empresas de VTC explican que se preparan para llevar a los juzgados el decreto anti-Uber si sigue adelante en el Congreso, donde solo necesita una mayoría simple para elevarse a Ley. Se apoyan en un dictamen jurídico elaborado por el despacho de abogados Garrigues.

El despacho considera que limitar la validez de las licencias VTC a trayectos interurbanos supone una «expropiación encubierta» por parte del Ejecutivo en el documento al que ha tenido acceso Economía Digital.

Daño sobre la seguridad jurídica

El texto lo realiza para la empresa Victor Ronda, propietaria de cerca de las 2.000 de las 9.000 autorizaciones VTC que hay en España. Garrigues explica que las licencias perderán su valor y quedarán reducidas a «papel mojado». Esta medida además generaría un gran daño sobre la seguridad jurídica española, según explican. 

Además, defiende que aprobar estos cambios mediante decreto ley es «inconstitucional». «Lo que pretende el Gobierno ahora a través del presente RDL 13/2018 es ampliar la delegación de competencias a las comunidades autónomas pero prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello, lo cual resulta manifiestamente inconstitucional«. 

La restricción lleva «irremediablemente al cierre empresarial», señala Garrigues

También declara que supone atentar contra la libertad de empresas. «No es una mera restricción de las condiciones del servicio, estamos ante una supresión de unas autorizaciones legalmente obtenidas y otorgadas por el mismo poder público», explica el texto. También añade que la restricción lleva «irremediablemente al cierre empresarial».

«Más del 90% de los servicios de VTC se prestan en el ámbito urbano, siendo por tanto la prohibición de operar en dichas áreas una verdadera prohibición de ejercer la actividad, abocando a las empresas al cierre y a los propietarios de autorizaciones VTC a dejar de prestar servicios», asegura en el texto. 

Cuatro años de transición

El decreto ley que impulsó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, regula la actividad de los VTC. La norma incluye un régimen transitorio de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación.

«Este periodo tiene naturaleza indemnizatoria por el perjuicio que supone el cambio», explicó el ministro. Además, en caso de que la empresa propietaria de las licencias pueda demostrar que es incapaz de recuperar su inversión en ese periodo, se le añaden dos años adicionales.

Sin embargo, no está claro que en la votación del jueves vaya a convalidarse el decreto. El Ejecutivo cuenta con 84 diputados en el Congreso y cuenta con el apoyo de Podemos, que tiene 67. Así, los socialistas deben buscar el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes, ya que se da casi por seguro que tanto el PP -con 134 diputados- y Ciudadanos -con 32- votarán en contra.

El sector del taxi, dividido

Mientras que para el sector del VTC se considera que el decreto es que el Gobierno «ha cedido al chantaje del taxi», este sector no está convencido de que sea una victoria. La principal queja es el periodo de aplicación de la moratoria, de cuatro a seis años. 

Uno de los interlocutores que se han posicionado en contra de esta medida es Fedetaxi. Así, la asociación más grande del sector estudia llevar parte de la normativa del Gobierno ante Bruselas. 

Además, dentro de las asociaciones representantes del sector del taxi hay discrepancias. Los sindicatos Élite y Caracol -que impulsaron las movilizaciones de julio- han abandonado la Coordinadora Nacional del Taxi y critican la postura de Fedetaxi, a quienes no dudaron en colocar “en la misma dirección que los lobbies”.