Díaz Ferrán cobraba 100.000 euros al mes mientras simulaba su insolvencia

El ex dueño de Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, cobraba 100.000 euros al mes mientras la trama de empresas desarrollada por Ángel de Cabo simulaba la insolvencia del también ex presidente de la patronal española CEOE. El juez que instruye la operación Crucero, Eloy Velasco, basándose en las diligencias previas, sospecha que junto a su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, “habían diseñado una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando insolvencia patrimonial” y que, mientras fue efectiva, recibían cuantiosos ingresos periódicamente.

Los empresarios vendieron Grupo Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que De Cabo les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales. Querían evitar con la estratagema pagar a más de 10.000 acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros. «A cambio cada propietario de Marsans debía recibir 100.000 euros mensuales hasta alcanzar la cifra de ocho millones de euros respectivamente». Según el juez, «Díaz Ferrán viajó cada dos o tres semanas a Valencia para recibir su dinero, pero Pascual no recibió ningún pago hasta el momento de su fallecimiento».

Las mayores fianzas

En la declaración ante Velasco, Díaz Ferrán ha negado todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia, ha señalado que el día a día de la organización correspondía a su socio, Pascual, que murió este junio. También ha indicado que vendió a De Cabo las empresas de Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque «se encontraban en crisis”. Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que desconoce las operaciones realizadas desde hace dos años.

La vista por la operación Crucero ha generado las mayores fianzas de la democracia. Los tres principales imputados por el presunto expolio de Grupo Marsans, junto a Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo se encuentra Iván Losada, deberán depositar 110 millones en cojunto para evitar la prisión. Sólo a De Cabo, el liquidador, se le exigen 50 millones si quiere esquivar la celda. Se trata de la caución más elevada de la historia judicial española. Por unas horas, la mayor fianza impuesta en España la soportó Díaz Ferrán, que ha ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) hasta que consigne 30 millones de euros.

La cantidad iguala a la impuesta el 1999 a Javier de la Rosa por el caso Torras (5.000 millones de pesetas) aunque fue reducida posteriormente a tres millones de euros (500 millones de pesetas). Asimismo, el juez también ha decretado prisión eludible con 30 millones para Losada, la mano derecha de De Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, Teconsa o Nueva Rumasa).

Registros

La policía judicial ha requisado unos 50 millones de euros que el entramado de Ángel de Cabo intentaba sacar de España y que proceden de sociedades de Grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y Pascual. Además, ha encontrado dos trofeos de caza –un elefante y una jirafa– durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado, Teodoro Garrido. Estos hallazgos se suman a los 400.000 euros confiscados en casa del liquidador, el millón de euros en la vivienda de la secretaria, Susana Mora, y los 150.000 euros y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán.

Las investigaciones también han desvelado que el ex presidente de la CEOE obtuvo más de cuatro millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en Mallorca el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia Nacional no ha podido paralizar. Asimismo, se sospecha que tanto Díaz Ferrán como Pascual poseen fincas en México y Portugal y apartamentos en Nueva York. La querella de los cuatro grandes del sector turístico –AC Hotels, Meliá, Pulmantur y Orizonia— requiere al juez que la Interpol acceda a estos bienes y a las autoridades competentes de segundos países para que se embarguen los activos. Además, la Audiencia Nacional ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.