Europa pide regular Airbnb y Uber pero para impulsar más su modelo de negocio
Bruselas recomienda definir el entorno legal para luego lanzar campañas de difusión que potencien el consumo colaborativo; Competencia, en cambio, opta por la no regulación en España al considerar su actividad beneficiosa para el mercado
La conflictividad generada por modelos de negocio como el de Airbnb o Uber ha tenido una doble respuesta desde las autoridades españolas. El Gobierno, y así lo manifestó esta misma semana en una respuesta al diputado de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, entiende que Uber realiza únicamente «transporte urbano» por lo que es competencia de las comunidades autónomas. En todo caso, se compromete a sancionar a quienes infrinjan la normativa general de alquiler de vehículos.
Más laxa es la postura respecto a Airbnb, que ya fue multada en Cataluña. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) afirmó recientemente que no está por la labor de regular una actividad cuyos efectos valora como «muy positivos» para la defensa de la competencia. Se refería tanto a Aribnb como a Uber, Blablacar, ClickCar, Bed y Casas o Workyland; en definitiva, todos aquellos negocios que obtienen lucro mediante la economía colaborativa.
Desoye así las recomendaciones que llegan desde Bruselas. Aunque las autoridades europeas nunca se han mostrado partidaria de prohibir este tipo de servicio, ello no significa que no estén a favor de regularlo.
En este sentido se pronuncia el último dictamen sobre consumo participativo emitido por el Comité Económico y Social Europeo, que considera saludables y recomendables este tipo de prácticas que fomentan la competencia, abaratan costes, ahorran energía e insuflan oxígeno a los ciudadanos en un contexto de crisis.
Se refiere tanto a las prácticas no comerciales como a aquellas plataformas que fomentan el consumo colaborativo con ánimo de lucro, a las que invita a «generar empleo, cumpliendo con las normas fiscales, normas de seguridad, responsabilidad y protección al consumidor».
El texto incide en la idea de crear un marco regulatorio que genere certidumbre en el sector. ¿Para regular qué? Aparte de las normas anteriormente reseñadas, también incluye los derechos de uso, los derechos contra la obsolescencia programada, las tasas de propiedad o los estándares de calidad. Pero además, propone eliminar los «obstáculos intracomunitarios» para su expansión.
Por tanto, se opone al limbo legal pero no a la economía colaborativa, independientemente de que sea una actividad comercial o una iniciativa entre ciudadanos. Prueba de ello es que en las propuestas y estrategias de acción se piden campañas de difusión y programas educativos en los centros para difundir el uso de este tipo de herramientas.
