Fira de BCN, condenada a pagar 6 millones de euros a Hacienda

El Supremo falla en contra de la institución ferial barcelonesa por unas aplicaciones tributarias realizadas con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992

Han pasado 20 años desde que Fira de Barcelona cediera sus instalaciones al Comité Organizador de las Olimpiadas de Barcelona (COOB) en 1992. Con motivo del evento deportivo, los inmuebles feriales se convirtieron en el principal centro de operaciones de los juegos olímpicos. Por aquella razón, aquel ejercicio fiscal se decidió que los ingresos procedentes del Comité Olímpico Internacional (COI) por el uso de los espacios feriales eran un rendimiento ordinario no sujeto a tributación.

Una decisión que Hacienda no compartió y ha llevado hasta sus últimas consecuencias: el Tribunal Supremo acaba de fallar contra Fira de Barcelona y la condena a pagar 5,8 millones de euros entre cuota tributaria e intereses devengados.

Los primeros 90 eran años en los que Fira de Barcelona estaba exenta de tributación ante la Hacienda Pública por su actividad ferial. La dirección de entonces decidió que los ingresos que proporcionaba el COI por las instalaciones también estaban exentos de pagar impuestos. La discrepancia de fondo radicaba en que la Agencia Tributaria consideraba que aquellos ingresos eran un rendimiento extraordinario y, en consecuencia, sí que debían liquidarse los tributos correspondientes.

3,5 millones en intereses

Durante dos decenios, el contencioso ha transitado por los juzgados. Hace unos años, la Audiencia Nacional dio la razón a Fira de Barcelona, pero Hacienda llevó el caso al Supremo que ha fallado definitivamente contra la institución ferial barcelonesa. La condena es a pagar 2,3 millones de cuota tributaria y 3,5 millones por los intereses que ha producido esa deuda fiscal, lo que totaliza los 5,8 millones que deberá satisfacer la institución presidida por Josep Lluís Bonet.

La propia dirección de Fira de Barcelona decidió hace unos años provisionar la totalidad de la deuda y avalarla. Una prevención que impedirá que la sentencia tenga efectos en la tesorería o en la cuenta de resultados de la entidad ahora que se tiene que hacer efectiva, según han confirmado fuentes oficiales.

El consejo de administración reunido en los últimos días fue informado de la sentencia del Supremo.

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