La plantilla de Orizonia aún espera 14 millones de las indemnizaciones
La plantilla ha recibido ya 22 millones, 17,5 procedentes del Fogasa. El retén para la liquidación de la empresa ha generado unos gastos de 1 millón de euros
Los sindicatos de la quebrada Orizonia mantendrán en las próximas semanas una reunión con la administración concursal para conocer cómo se encuentran los pagos de las indemnizaciones de los 2.165 trabajadores que perdieron el trabajo con el colapso del grupo turístico. La plantilla ha percibido hasta ahora 22 millones de los 36,8 fijados por las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado en marzo de 2013, según fuentes cercanas a las negociaciones.
El acuerdo tomaba como base el mínimo que ofrece la reforma laboral: 20 días por año trabajado con un máximo de 365 días. Así, también se imponía un límite salarial diario cercano a los 51 euros. Así, el máximo a recibir son unos 18.600 euros.
La administración, representada por Insolnet y el Banc Sabadell, y el juzgado mercantil número 1 de Palma han pagado a los trabajadores principalmente gracias al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Estado ha sufragado unos costes por valor de 17,5 millones de euros.
La intervención del Fogasa ha sido indispensable. En el momento de la quiebra, la caja de Orizonia estaba prácticamente vacía. Tan sólo disponía de 1,7 millones, apenas el 5% del total del dinero que se debía a la plantilla. La venta de activos ha logrado aumentar esa cantidad hasta los 4,4 millones de euros.
El gigante turístico –daba trabajo a 3.500 personas y facturaba 2.300 millones– cayó en quiebra a mediados de febrero del año pasado. Desde entonces, los administradores trabajan en liquidar ordenadamente la compañía e ingresar fondos para compensar el enorme pasivo de 2.000 millones, según consta en el informe concursal.
Para ello, se ha contado con un retén de trabajadores que desde las oficinas de Parc Bit en Mallorca, donde se encontraba ubicada la sede del grupo hasta este septiembre, desguazaban la compañía. Los costes derivados de este proceso han ascendido a 700.000 euros a los que hay que sumar los salarios de estos liquidadores: 178.000 euros.
El proceso de liquidación se alargará previsiblemente hasta final de año. Por esas fechas, también se conocerá la propuesta de calificación de la quiebra. Los administradores deberán decidir si el todavía presidente, José Duato, es responsable del descalabro de la empresa o, si por el contrario, fue un concurso fortuito.
