Pastor negocia con la banca la inyección de 1.200 millones para salvar a las autopistas

El Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor quiere llegar a un acuerdo con la banca para solucionar los graves problemas económicos que tienen algunas autopistas españolas.

En concreto, la ministra de Fomento estudia la creación de una sociedad de capital público que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según apuntan fuentes del sector. El ministerio habría llegado ya a un acuerdo con los bancos españoles acreedores de estas autopistas, que estarían además dispuestos a realizar una inyección de financiación de 1.200 millones de euros. En la actualidad, estas vías suman un pasivo de 3.500 millones.

Condiciones

Las constructoras y concesionarias que actualmente tienen la titularidad de las autopistas piden a Fomento que se negocie este proyecto con el fin de que les abone los importes que emplearon en construir las vías, una vez que las traspasaran a la nueva sociedad.

Con este proyecto –aún está en una «fase inicial»– tanto el Gobierno central como las entidades financieras buscan solucionar el problema de insolvencia que arrastran una decena de autopistas de peaje, de las que seis están en concurso de acreedores — las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo–.

El sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones de los terrenos para construir las vías y el desplome del tráfico por la crisis constituyen las principales causas de los equilibrios económico-financieros.

Una sociedad pública

El plan de Pastor pasa por constituir una sociedad, con capital 100% público y dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad del grupo Fomento.

Esta compañía se quedaría con todas las acciones de las autopistas con problemas, inicialmente a coste cero, y asumiría su deuda. En paralelo, los bancos españoles, a los que las autopistas deben 2.300 millones, comprarían la deuda de 1.200 millones que las vías tienen con entidades extranjeras.

La banca pasaría a tener todo el pasivo, es decir, 3.500 millones de euros, frente al Estado. Además, habrían ya aceptado inyectar financiación por 1.200 millones de euros más para afrontar las expropiaciones.

Acciones de las concesionarias

Toda la financiación tendría un tipo de interés del 3%, un plazo de amortización único a 30 años y no computaría en déficit porque la sociedad pública de autopistas generaría ingresos (cobro del peaje) y porque la Administración no rescata las vías, sino que se queda con las acciones de sus sociedades concesionarias.

Fomento estudia este proyecto después de que las dos líneas de ayudas que articuló para estas autopistas (la concesión de préstamos participativos y las cuentas de compensación) no se han hecho efectivas.

Las autopistas que actualmente presentan problemas económicos son aquellas cuya construcción coincidió con el boom del precio del suelo y ahora sufren una caída de tráfico.