Tres bares en Platja d’Aro, cerrados por una jueza tras una sentencia obsoleta

Fecasarm alerta del "atropello" y de que peligran 40 empleos en los locales de Girona

En plena campaña estival, tres locales de ocio en Platja d’Aro (Girona) permanecen cerrados desde hace 15 días tras un despropósito legal. El Gib’s, Little Gib’s y Bar 900 están clausurados por una orden judicial obsoleta, y de momento pierden miles de euros al día y han prescindido de 40 trabajadores.

Los pubs fueron precintados dos semanas atrás por el ayuntamiento, tras una orden de la jueza del juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Girona. La magistrada falló que los clubes «carecían de licencia», y se apoyó en una denuncia realizada en 2008 por vecinos del lugar. Desde entonces, los tres locales afectados sí disponen de tal permiso, tras ejecutar reformas por valor de más de 60.000 euros.

«Es un error del Ayuntamiento –explica Lalo Martín, propietario de dos de los espacios afectados–, que no comunicó a la jueza que la sentencia de 2009 había sido ejecutada». Con todo, y pese a que el consistorio envió ambas licencias a la magistrada in extremis, la sentencia impera.

Desaguisado

Tras el cierre, los propietarios de ambos locales lo han intentado todo. «Hemos presentado un recurso, hecho huelga de hambre y recogido 4.500 firmas», contabiliza Martín. Nada ha servido. El caso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde los restauradores esperan conseguir una suspención cautelar urgente.

Mientras, Fecasarm (Federació Catalana d’Activitats Recreatives Musicals) ha intercedido en favor de los afectados. «Es un atropello sin justificación», señala su secretario general, Joaquím Boadas, a 02b. «La sentencia responde a un escenario jurídico que no es real, pues los locales ya disponen de licencias, que, además, fueron enviadas a la jueza», añade.

Este fin de semana, las partes se reunirán e intentarán que los vecinos retiren la denuncia, pues es lo único que podría invalidar esta segunda ejecución.

Detrimento

Sea como fuere, el daño ya está hecho. «En junio, julio y agosto muchos locales facturan el 85% de lo que hacen todo el año», advierte Boadas. El mismo empresario señala que «no existe precedente en España» de un caso similar, y lo achaca «a una jueza actuando por su propio pie, sin requerimientos previos».

En Platja d’Aro, los ánimos están cargados. «Con la que está cayendo y no se deja operar a locales perfectamente legales», denuncia Martín. Habla desde delante de sus dos bares, desde dónde el empresario sigue recogiendo firmas. Por ahora, no puede hacer nada más.

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