Baleares choca contra Homeaway por los pisos turísticos

Los vecinos de Mallorca se cansan de los pisos turísticos ilegales. EFE

Baleares choca contra Homeaway por los pisos turísticos

El gobierno de Baleares abre un expediente sancionador de 300.000 euros contra la plataforma Homeaway, tal como hizo con Airbnb semanas atrás

El gobierno de las Islas Baleares pisa el acelerador en su choque contra las plataformas de alquileres.

La consejera de Turismo, Bel Busquets, anunció que su departamento notificó a Homeaway que abrieron un expediente sancionador por haber promocionado propiedades que no tenían autorización como viviendas turísticas.

Asi como Homeaway, Airbnb y Tripadvisor también tienen expedientes sancionadores por 300.000 euros

También contra Airbnb y Tripadvisor

Esta decisión forma parte de las acciones que el gobierno balear emprendió contra los pisos turísticos que no están autorizados. Hacia el 19 de febrero, esta administración inició el mismo proceso sancionador contra Airbnb por 300.000 euros, a lo que siguió otro expediente contra Tripadvisor, hacia el 20 de marzo por la misma causa y por el mismo monto.

Infracciones “muy graves”

Según el gobierno autonómico, Homeaway incurrió en infracciones “muy graves” tras promocionar viviendas sin autorizar, e ignorar varias advertencias de la administración.

Una vez notificado el expediente, ha señalado la consejera, se abre un periodo de alegaciones de 15 días naturales, en donde la empresa puede recurrir esta sanción antes de que se aplique.

La nueva legislación

A inicios de agosto del año pasado, tras aprobarse la ley del alquiler turístico de Baleares, el gobierno autonómico dio 15 días a las plataformas digitales que publicitaban el alquiler de pisos a turistas que dejaran de hacerlo.

El ejecutivo balear remitió un aviso a unas 30 plataformas sobre la entrada en vigor de la nueva legislación y un requerimiento a las páginas webs detectadas que estaban incumpliendo la ley balear, que prohíbe alquilar pisos sin autorizar a los turistas en todo el archipiélago.

En el caso de inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten la sanción puede llegar a los 400.000 euros.

Además, a partir de agosto pasado los propietarios de pisos infractores se enfrentan a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros.